#OIDP 2018

Comparto mis palabras en la inaguración de la Conferencia, que tuvo lugar en Barcelona del 25 al 27 de noviembre de 2018.

Buen día a todos y todas. Agradezco la oportunidad de decir unas palabras en la sesión de apertura de la Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (la OIDP). Hacerlo me permite dejar unos apuntes en la hoja de ruta que con tanto esmero y esfuerzo ha trazado el equipo del Ayuntamiento de Barcelona, responsable por la organización del evento de la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Barcelona es hoy un lugar estupendo para reflexionar sobre los retos que enfrenta la democracia y las estrategias que pueden desarrollarse –unas cuantas ya están en marcha–, para enfrentarlos, revitalizar la política y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es así, no porque la ciudad no tenga problemas, más bien ocurre lo contrario. Las presiones son muchas y en frentes de lo más diversos: políticos, económicos, ambientales, sociales, como todos saben, como ocurre en mayor o menor medida en todas las grandes ciudades de cualquier lugar del mundo, fruto en parte de las dinámicas de la globalización, aunque cada una con sus particularidades. La presión urbanística y los retos que plantea la acogida de inmigrantes y refugiados en Europa; la contaminación y la violencia en las ciudades de América Latina; las crecientes desigualdades en todas partes; igual que el hartazgo generado por escándalos de corrupción sin medida; la falta, ineficacia o insuficiencia de los servicios públicos y en particular la salud, la educación, el transporte; la expansión de discursos intolerantes y antiderechos; más los dilemas propios de cada contexto específico.

Barcelona, decía, es un lugar estupendo para pensar en la renovación de la democracia porque es una ciudad abierta, creativa y cargada de entusiasmo. Este encuentro preparado por el gobierno de la ciudad y combinado con Ciudades Democráticas de Madrid y las Jornadas Anuales de Metadecidim, y la presencia de activistas, expertas y representantes de muchos lugares del mundo son pruebas de lo que estoy diciendo. Participarán hoy y mañana personas de 188 ciudades de 57 países de los 5 continentes.

Sin embargo, mi breve introducción no puede ser celebratoria. Las alarmas están encendidas. Hace pocas semanas, en el país que mayor fama global adquirió como laboratorio de la experimentación democrática, Brasil, ganó la presidencia un líder autoritario, racista, machista y homofóbo, con un largo historial político en el que apenas si lo único que destaca son sus exhabruptos. La pregunta que ha dado vueltas con intensidad en los círculos progresistas es ¿qué pasó?, ¿cómo pudo ocurrir, en el país de los multitudinarios presupuestos participativos, de las conferencias públicas, de la “Constitución Ciudadana”? ¿Qué pasó con el capital social y la educación cívica generada por esos procesos? ¿Basta un bombardeo de mensajes por whatsapp para arrasar con la cultura democrática de un país?

Ningún fenómeno social puede explicarse, por una sola causa. No hay respuestas sencillas, tampoco hay fórmulas mágicas. No es este el lugar para discutir sobre lo ocurrido en Brasil. Pero sí creo que es un enorme llamado de atención. Tenemos un problema, es serio, y hay que enfrentarlo. Es necesario y es urgente y una de las claves es la inclusión de la ciudadanía. La inclusión debe ser política, económica y social.

El Observatorio de la Democracia Participativa identifica en la política una estrategia para el cambio a través de la inclusión ciudadana. Este año la conferencia se organiza en tres grandes bloques que se intersectan: la democracia directa, la iniciativa ciudadana y los ecosistemas de democracia inclusiva. Esto es, los mecanismos formales regulados para canalizar la participación ciudadana; el accionar de la ciudadanía, de muy diversas maneras –más o menos formales– para incidir en las decisiones que afectan su vida cotidiana y moldean las características de sus comunidades; y el reconocimiento de la diversidad y de las necesidades específicas como los ejes que definen estos tres bloques.

El programa de talleres, mesas redondas y conferencias es rico en temáticas que incluyen el territorio y lugares físicos –barrios, ciudades, laboratorios– desde los que pensar en la innovación. Pero no todo es nuevo, también se hablará de prácticas antiguas como los consejos de Alava en País Vasco y la autogestión en las comunidades mapuches en Chile. Se reflexionará sobre la participación en contextos difíciles, en las mesas centradas en zonas en conflicto y sociedades divididas. En una mirada rápida al programa destacan conceptos que definen procesos y objetivos: confianza, colaboración, gobernanza, inclusion, aprendizaje, co-creación, bienes comunes. Y abunda, claro, la referencia a mecanismos de participación: iniciativa, referéndum, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, sorteo, crowsourcing.

Mi posición frente a las temáticas que vamos a poner en común durante estos días están moldeadas, como las de todo el mundo, por mi experiencia vital. Como politóloga, feminista, demócrata y sudamericana que vive en Suiza después de haber pasado unos cuantos años por Barcelona, quisiera compartir unas reflexiones finales:

1. La participación es un instrumento: Hace poco una autoridad reacia a introducir mecanismos de participación me pedía un ejemplo de un referéndum que haya evitado un conflicto. El referéndum no evita el conflicto, tampoco lo crea, sí puede servir para canalizarlo, para, idealmente, buscar una respuesta democrática a un conflicto que está ahí per se. Pero se tienen que cumplir unas condiciones para que funcione como un valor democrático: garantizar que se respetará la pluralidad, que se permitirá la decisión informada, que no se utilizará como instrumento arrojadizo amoldado al poder político de turno. Fortalecer esas condiciones es uno de los retos de la agenda de estos días.

2. La democracia directa, en estado puro, no existe. Siempre hay formas de intermediación: la ley fijando las reglas del juego; los partidos políticos, los movimientos sociales, los líderes de opinión y los medios de comunicación contribuyendo a formar la opinión pública; los organismos de control (justicia, organismos electorales) implementando y supervisando (a veces bloqueando) procesos de toma de decisiones. Estas intermediaciones no degradan la participación, por eso es importante mirarlas con la lupa en lugar de negarlas y mejorar su funcionamiento. No mitifiquemos la participación, trabajemos para que sea democrática y contribuya a mejorar la vida de las personas.

3. La política debe permitir el cambio, la ciudadanía puede controlar el poder y abrir la agenda: por eso es central contar con mecanismos apropiados, que permitan ejercer estos roles. Su buen funcionamiento conduce a que ningún actor pueda actuar sin antes negociar con otros, explorar opiniones, buscar soluciones comunes o consensuadas. En Suiza, por ejemplo, la posibilidad de que una ley aprobada por el parlamento sea vetada conduce a que no se aprueben leyes sin antes establecer consensos que incluyen a la sociedad civil. Se dice que cuando se activan referendos derogatorios el sistema ha fallado y es ahí donde la participación directa sirve como paliativo.

4. Las instituciones importan: con todas sus debilidades, las instituciones han significado un gran avance en la protección de los derechos humanos. Su respeto en tiempos críticos, de Bolsonaro y Trump, es clave. Esto no quiere decir que las leyes que tenemos sean siempre las mejores. Son resultado de contextos históricos y relaciones de poder determinadas, yno están escritas en piedra. Sin embargo, algunas experiencias latinoamericanas recientes sugieren que permitir que el poder político de turno se las salte cuando estamos de acuerdo con los contenidos tarde o temprano sale mal, porque cuando no estamos de acuerdo con los contenidos ya es tarde para detener el proceso de concentración de poder. Valga la Venezuela contemporánea como ejemplo.

Las instituciones crean incentivos, por eso es central pensarlas en sistema, como ecologías de participación. Por dar unpar de ejemplos breves, durante décadas en Japón se utilizó la revocatoria de mandato con frecuencia –la remoción de autoridades– contra políticas específicas, porque las iniciativas ciudadanas reguladas allí eran consultivas, requerían un elevado número de firmas y el voto necesitaba la aprobación parlamentaria. Revocar una autoridad cuando se quiere vetar una política es poco eficiente, es caro y el proceso demasiado largo. De la misma manera, la proliferación de mecanismos consultivos y/o indirectos, como los que han dominado en Brasil, son limitados para otorgar poder a la ciudadanía, abren la agenda, pero no reparten el poder. La autonomía ciudadana es clave para impulsar una participación democrática.

5. Finalmente, la opinión pública no se forma en una tábula rasa: la regulación de mecanismos que den poder a la ciudadanía es central, pero no basta. En tiempos de intolerancia, la deliberación, el intercambio de ideas, el acceso a información completa y plural no pueden subestimarse. Por eso la innovación, por ejemplo con las asambleas ciudadanas sorteadas, puede ser una apuesta ideal para contrarrestar la desinformación. Pero cuidado con perder de vista los objetivos democratizadores por poner demasiado énfasis en lo nuevo. Innovar no es siempre mejorar.

Este será un espacio de debate, intercambio y construcción de saberes rico en experiencias y en diversidad, deseo para todos y todas que podamos aprovecharlo bien.

 

https://oidp.net/es/

https://www.lavanguardia.com/politica/20181126/453178016725/colau-elogia-que-la-ciudadania-se-organice-para-participar-y-defender-el-voto.html

Advertisements

Va que vuela: AMLO y la consulta por el aeropuerto

Martha Sandoval y Yanina Welp

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue electo presidente de México en las elecciones del 1 de julio de 2018, liderando una coalición de partidos encabezada por MORENA. Sin mayores sorpresas (así lo anticipaban todas las encuestas), obtuvo la Presidencia y la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Su triunfo ha generado tanto sueños de revolución democrática como pesadillas color populismo chavista (el calificativo se está convirtiendo en un clásico adjudicable a la izquierda en cualquier disputa electoral, no sólo latinoamericana, como muestra el panorama español).

amlo_vota_consulta_07_51122211_71157237

Foto de El Universal, AMLO después de votar. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/juez-pide-amlo-que-explique-consulta-sobre-aeropuerto

Durante la campaña electoral, AMLO hizo énfasis en la participación ciudadana: propuso llevar a consulta pública el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho de parejas del mismo sexo a adoptar, la reforma educativa, la reforma energética, la amnistía a criminales, la revocación del mandato presidencial y la construcción del nuevo aeropuerto. Aunque López Obrador asumirá la Presidencia de México el 1 de diciembre, desde su reconocimiento como presidente electo el 8 de agosto ha asumido un rol protagónico.

La consulta popular sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una muestra contudente de ese protagonismo. Realizada durante cuatro días, del 25 al 28 de octubre, versó sobre la continuidad de la construcción del NAIM, iniciada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (Partido de la Revolución Institucional, PRI). Desde MORENA se cuestiona el proyecto en marcha desde 2015 por sus costos, el impacto ambiental que podría tener y su viabilidad (ya que se está construyendo en zona inundable). Es un proyecto millonario que ha quedado a cargo de un equipo reconocido internacionalmente y que, según el Presidente todavía en funciones, se ha avanzado en un tercio del total.

La complejidad del proyecto hace evidente la dificultad (y la importancia) de la decisión que se pone sobre la mesa. Los aspectos técnicos requieren de una información específica y detallada sobre la que no tenemos competencia (la tabla al final del texto sintetiza los principales ejes de la disputa). Nuestro objetivo aquí no es el análisis de la viabilidad del NAIM sino del proceso participativo, su marco legal, implementación, financiamiento y consecuencias esperadas. El dilema abierto por la consulta es tanto jurídico como político, como argumentaremos a continuación.

Una consulta fuera de la normativa

México ha sido uno de los últimos países de América Latina en regular mecanismos de democracia directa a nivel nacional (a nivel estatal se encuentran regulados desde principios de los 90s), hasta que también se ha sumado a esta ola que busca al menos en teoría incrementar la legitimidad de democracias cada vez más asediadas por el desencanto (y de ahí a la ira, como muestra la reciente elección en Brasil).

Desde 2014, la Ley Federal de Consulta Popular permite la consulta de uno o varios temas de trascendencia nacional (art. 4), que debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los electores (art. 35 de la Constitución).

La consulta de AMLO podría ajustarse a la ley, pero no lo hace: ni el presidente electo (que la inicia) está en funciones ni el Congreso emitió convocatoria alguna. ¿Por qué el nuevo Presidente no esperó al 1 de diciembre de 2018 (nótese que apenas falta un mes)? Contando con una amplia mayoría en el Congreso, su solicitud tenía todas las probabilidades de ser aprobada siguiendo la ruta establecida por la Constitución. Una posible respuesta deriva de los tiempos establecidos por la Carta Magna, que estipula que las consultas populares deberán realizarse el mismo día de la jornada electoral federal (art. 35). Para poder realizar la consulta del NAIM apegada a lo establecido en la ley, se tendría que haber esperado a las elecciones intermedias del 2021, o a cuando se renueve el total del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República en el 2024. En este caso y en cualquier otro, ante un asunto de trascendencia nacional, en el que se busque incluir a la ciudadanía para tomar la decisión, ¿se debe esperar tres años? ¿Tiene sentido poner semejante cerrojo a consultas populares reguladas para empoderar a la ciudadanía? Pensamos que no, que ésta seria limitación del diseño institucional debería ser subsanada. Dicho esto, también creemos que las reformas deben hacerse en tiempo y forma, con lo que la crítica al modelo existente no implica avalar la consulta. Veamos otras cuestiones.

Cobertura en el territorio, pregunta y campaña

La consulta sobre el NAIM permitió al electorado participar en las 1073 mesas que se instalaron en 538 municipios de las 32 entidades federativas del país. En estos municipios habita un 80% de la población. El coste de la consulta se estima en 1.5 millones de pesos (equivalente a CHF 76,466), financiados con aportaciones voluntarias de los legisladores, principalmente de MORENA.

La pregunta, con dos opciones de respuesta, fue la siguiente: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?

  1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

  2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La ley regula tanto los criterios de formulación de la pregunta (que no debe ser tendenciosa ni incluir juicios de valor y estar formulada para permitir una respuesta categórica) como su supervisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe determinar su constitucionalidad. Esto no ha ocurrido porque el proceso se ha producido por fuera del marco legal (son altas las probabilidades de que la Corte la hubiera declarado inconstitucional, dado el diseño restringido del mecanismo, otra traba institucional que podría subsanarse con una reforma).

No tenemos objeciones a la formulación de la pregunta, sí las tenemos a la implementación del proceso y la organización de la campaña. Al ser una iniciativa lanzada y supervisada por una de las partes, se viola una condición básica para el buen ejercicio de un mecanismo de democracia directa, que es la garantía de que ambas posiciones tendrán espacio para expresar sus ideas con equidad. Si bien la ciudadanía podía consultar los argumentos a favor y en contra (escritos en la contracara de la boleta), dicha síntesis fue elaborada por un Consejo Ciudadano conformado por académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas afínes a los promotores de la consulta. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano autónomo del Poder Ejecutivo, también emitió un análisis con los principales argumentos a favor y en contra de ambos proyectos. Pero no ha habido una campaña adecuada, con un tiempo determinado y regulación de espacios en medios de comunicación para defender ambas posiciones, ni mucho menos un órgano responsable de supervisar que la misma se desarrolle con equidad.

Juez y parte: la organización y supervisión del proceso

Corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de las consultas populares (art. 35 de la Constitución). Como ya se podrá anticipar, el INE rechazó responsabilizarse de una consulta que no ha seguido los canales legales. Por esta razón, AMLO contrató a una empresa privada y se apoyó en el trabajo voluntario (entre dos mil y tres mil) para organizar las mesas. Una aplicación creada por ingenieros mexicanos permitió registrar la participación de cada elector.

Pese a las garantías dadas por sus organizadores, los ciudadanos denunciaron a través de redes sociales que se pudo votar más de una vez en la consulta y que incluso se pudo votar sin presentar la credencial. De acuerdo al equipo organizador, la falta de conectividad de datos en algunas zonas, más los intentos de hackeo a la aplicación, ocasionaron que el sistema presentara fallas y pudiera registrar las claves de elector más de una vez. Aunque se sostuvo que estos casos fueron “marginales” y no alteraban el sentido de los resultados, no hay forma de comprobarlo. Tampoco hubo garantías del resguardo de los votos al final de cada jornada diaria de participación. Los votos se guardaron en los domicilios particulares de los voluntarios que apoyaron en las mesas de votación, tras hacer el recuento del número de participantes y registrarlo en el sistema al final de cada día de consulta. La lista de falencias es demasiado extensa y conduce a la misma evaluación: un proceso justo y transparente no puede improvisarse. La buena voluntad de los ciudadanos que se involucraron no hace más que fortalecer las dudas. Es cuanto menos difícil –si no imposible– ser juez y parte.

Ganó la moción del presidente electo

El presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth (fundación encargada del conteo) anunció el domingo a la noche que 69.94% de los participantes (761, 681) le dieron el sí al proyecto de Santa Lucia, mientras que un 29.1% (316, 765), votó por continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Los votos nulos representaron 1% de los sufragios emitidos (10 mil 562 votos). La mayor participación se dio en la Ciudad de México, con 15.6% de la votación. En 31 de los 32 estados ganó la opción de Santa Lucía, a excepción de Nuevo León en donde un 49.90% (11,840) de ciudadanos votó por Texcoco y un 49.70 % (11,793) votó por Santa Lucía. En Tabasco, ciudad natal de AMLO (y en donde 8 de cada 10 votantes lo respaldaron en las elecciones), se contó con mesas de votación en todos los municipios del Estado y 92.83% de los ciudadanos (53,422) votó por Santa Lucía. La ley señala que el resultado de una consulta popular solo será vinculante cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los electores. En este caso, el 1,089,008 de votantes representa apenas el 1.19% del padrón electoral, que consta de 89.6 millones de ciudadanos.

¿Y ahora qué?

El gobierno electo ha declarado que los resultados tendrán un efecto vinculante (lo que una vez más invita a pensar en la confusión que este proceso genera, ya que el carácter de “vinculante” atribuye un mandato jurídico que en este caso no existe. Sí puede hablar de compromiso político. La consulta ¿buscaba legitimar una decisión que ya había sido tomada por el gobierno electo? ¿o se buscaba delegar en la ciudadanía la decisión sobre un tema controvertido, tratando de evitar el costo político de una decisión sensible? Ninguno de estos objetivos se ha conseguido. El porcentaje de votación es muy bajo y la falta de transparencia y equidad del proceso demasiado flagrante.

Hasta hace poco, no existía una ruta para poder incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Al día de hoy la ruta para activar y organizar mecanismos de democracia directa como las consultas populares, está marcada y delimitada. Se ha hecho un uso indebido de la consulta popular, por no seguir los marcos normativos, por recurrir a una extraña situación de poder para activarla (presidente electo, pero no en funciones) y por no haber garantizado ni la participación de toda la ciudadanía ni un debate profundo e informado. La política importa, no defendemos que a rajatabla debería haberse seguido con la construcción del NAIM (como ya hemos dicho, no tenemos competencia para evaluar el proyecto). Si pensamos que el rol democratizador de la participación sólo se evidencia si se cumplen ciertas condiciones. Entonces, si el presidente está convencido de que no debe continuarse la construcción del NAIM, debería haber trasladado la cuestión al Congreso que, tras una elección reciente en la que el tema formó parte de la campaña electoral, cuenta con incuestionable legitimidad para decidir. Si el presidente duda, debe solicitar informes técnicos completos y exhaustivos y luego, si lo considera relevante, activar la discusión parlamentaria. La consulta ha sido un error. Los mecanismos de democracia directa no deben ser manipulados para cubrir los baches de la representación.

Publicada en Swiss Info el 31 de octubre de 2018

Tabla 1: Ejes de disputa entre los dos proyectos de aeropuerto

NAIM en Texcoco

Santa Lucía -AICM

Costos

Ha aumentado de 178 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos (cuyo costo corresponde solo a la construcción de la primera fase)

Se estima un costo total de 70 mil 342 millones de pesos.

Más los costos de cancelación del NAIM (100 mil millones de pesos)

Financiamiento

Se encuentra financiado con una combinación de recursos públicos y privados.

Cuenta con financiamiento del 69% del proyecto y avance de la obra del 20%.

A la fecha no existe información sobre la situación del financiamiento para este proyecto.

Impacto ambiental

Existe preocupación sobre el futuro del lago Nabor Carillo (hábitat de más de 150 especies de aves locales y migratorias) y la explotación de minas para la obtención del material rocoso.

Líderes ambientales y comunitarios de la zona de Texcoco, rechazan la opción y denuncian los problemas de salud e impactos negativos en la zona, que resultan de su construcción.

La construcción del NAIM ha disminuido la capacidad de captación y recarga natural del acuífero en la zona del Lago de Texcoco.

El análisis del impacto ambiental se encuentra en desarrollo.

Pero, se establece que, éste, al ser ya un aeropuerto, tendría un menor impacto ambiental, además de que está más alejado de las grandes poblaciones.

Hundimientos

El 42% de la superficie del NAIM es una zona inundable, por lo cual se estima que se presenten hundimientos anuales desde los 13 hasta los 40 centímetros.

El suelo de Santa Lucía presenta mejores características y las pistas del AICM requieren renivelarse cada dos años.

Tiempo

Retraso de cuatro años (primera fase en 2024)

Operaría en menos tiempo

Infraestructura actual

Implicaría el cierre del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México y de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Continuaría operando el actual Aeropuerto de CDMX y se habilitaría el aeropuerto de Toluca.

Fuente: Elaboración propia con base en informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf

BRASIL Y LOS VOTANTES TONTOS

 

Brasilvotot

 

La hipótesis podría formularse más o menos así: millones de brasileños influidos por una muy eficaz estrategia comunicacional de la ultraderecha en las redes sociales habrían abrazado el autoritarismo. Es el regreso de la teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica desarrollada por Harold Lasswell durante la Primera Guerra Mundial, que supone que un mensaje tiene el efecto previsto, directo, sobre su destinatario. El pensamiento progresista queda en el lugar del listo que lo ve venir aunque no pueda hacer nada para evitarlo. La ultraderecha inmoral –capaz de usar cualquier estrategia en su favor– está en posesión de armas de destrucción automática del sentido democrático de las masas. Esta teoría se ha alimentado en Brasil durante las últimas semanas, con algunos datos y argumentos como el de la compra de servicios de Whatsapp de ‘disparo en masa’. Sin embargo, décadas de investigación cuestionan la existencia de receptores pasivos. Demasiado simple para ser creíble. Inmovilizante si fuera real.

Leer todo en http://agendapublica.elperiodico.com/brasil-y-los-votantes-tontos/

Publicado en Agenda Pública el 28 de octubre de 2018

La revocación del mandato según MORENA

“En democracia el pueblo da y el pueblo quita”. En este principio se sustenta la propuesta e introducir la revocación del mandato en México, presentada el pasado 10 de setiembre por el senador del estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario Movimiento por la Restauración Nacional (MORENA), del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pancarta con la leyenda 'AMLO PRESIDENTE'

Disponible AQUI

Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI

Sinopsis de Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI:

En sus distintas variantes, desde la ateniense hasta nuestros días, la democracia aparece como un sistema incuestionable que ha ido aumentando el grado de participación de los ciudadanos. En este libro, la politóloga Yanina Welp profundiza en la historia de las ideas y los Estados, los modelos que se establecieron en Europa y las Américas, la disputa por el sigportada_todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-las-democracias-del-siglo-xxi_yanina-welp_201804061708nificado de la democracia y del rol atribuido a la ciudadanía. Con casos concretos, muestra la dinámica de estas transformaciones en el siglo XXI: el nacimiento y la incorporación de mecanismos como el referendo, las iniciativas indirectas y las revocatorias de mandatos que se pudieron ver en las transiciones en España y Chile, el Plebiscito por la Paz en Colombia, el Brexit, el referendo por la reelección en Bolivia y los procesos de autodeterminación de Escocia y Cataluña, entre otros. Todos estos son ejemplos que se suman a protestas sociales y movilizaciones –como el Movimiento #yosoy123 en México y el #niunamenos nacido en la Argentina–, la expansión de los medios digitales, una transformación estructural de los partidos políticos y el resurgimiento del municipalismo.

En Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI, Welp propone una mirada crítica sobre las oleadas teóricas, los movimientos sociales y los hechos concretos de los últimos años para entender un proceso que nos trasciende pero del que somos parte.

https://www.planetadelibros.com.ar/l-268281

Capítulo 11 – El debate del siglo XXI

47. ¿Pueden los ciudadanos tomar decisiones complejas?

El rechazo del plebiscito por la paz en Colombia o el Brexit han reactivado el debate sobre las competencias de la ciudadanía para tomar decisiones complejas. Es probable que a menudo la ciudadanía no cuente con información ni con educación suficiente, pero este problema no se resuelve impidiendo la participación democrática sino mejorando las condiciones para la formación de la opinión pública. La apuesta por el gobierno de los sabios o de la tecnocracia intenta ocultar que el capital humano se distribuye según el nivel de acceso a bienes y por tanto expresa las desigualdades existentes. El sufragio universal no es suficiente pero es incuestionablemente un avance. Aunque pueda fallar, no hay alternativas moralmente justificables.

(extracto de mi próximo libro: Todo lo que necesitas saber sobre la democracia del siglo XXI, que publicará Paidós este año)

Playing by the rules of the game: partisan use of recall referendums in Colombia

Yanina Welp and Juan Pablo Milanese

Abstract

As a bottom-up mechanism of direct democracy, recall can be triggered by citizens to remove elected officials through a vote, which is expected to increase accountability. Contradicting this hope, previous research has suggested that intensive use of recall referendums became an instrument of party competition. However, empirical evidence is scant. Thus, focusing on the 107 attempts of activating recall in Colombia during the first half of 2017 this article seeks to understand if recall activations are more likely to reinforce democratic governance (by giving an institutional solution to exceptional problems of legitimacy) or are more likely to erode it (by becoming a weapon to escalate the partisan competition beyond regular elections). We created a dataset to identify who started the recall – partisan, mixed or civil society actors – and for what reasons. Then, we examined to what extent the effective number of parties in the council, the majority reached in the previous election, or the size of the municipality have an effect on the likelihood of recall attempts. The study finds that in Colombia, political leaders (and not specific parties) are the main actors promoting recall.

http://www.tandfonline.com/eprint/PteehBttqw8JwEYyuTmM/full

Los “dialogos ciudadanos”. Chile ante el giro deliberativo

Los-diálogos-ciudadanos-200x0-000011117425170

Este libro se basa en la identificación de retos y tendencias globales que vuelven a ubicar a la ciudadanía en el centro de la escena mientras demuestran que, lejos de evidenciarse el repliegue de la política que anticipaban algunos analistas, lo que se observa es una demanda de transformación de las instituciones representativas, para volverlas más democráticas y cercanas a los problemas de la gente. En otras palabras, más legítimas tanto en lo que refiere a los procesos de toma de decisiones como a los resultados a que esas decisiones conducen.

Estos retos y tendencias van de la mano en el Chile contemporáneo, donde se han hecho evidentes las contradicciones que hoy afectan a muchas sociedades de Occidente. Así, durante 2016, mientras la caída de la participación electoral batía récords como una de las más drásticas a nivel mundial, y la más baja de los países de la OECD (en las elecciones municipales de octubre de 2016 votó poco más del 34 por ciento del padrón electoral frente al 87 por ciento registrado en octubre de 1996) 1 , y los partidos tradicionales perdían prestigio y apoyo, poco más de doscientas mil personas se organizaron para discutir una nueva constitución, aún sin saber cuál sería el futuro de este texto. Además, la ola de protestas que se ha observado en los últimos años, demandando una reforma educativa del sistema heredado de la dictadura, el reconocimiento de la población indígena o la mejora del sistema de pensiones, subrayan el déficit que existe en ambos aspectos: tanto los procesos políticos como sus resultados están crecientemente cuestionados.

Continuar leyendo

Página de la editorial —

 

CONFERENCIA: “¿Dejar que la gente gobierne? La democracia directa en el siglo XXI”. Conferencista: Yanina Welp. Presentación y Consideraciones finales: CE Carlos