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Bolivia, sin dudas en las trincheras

Dudar es de cobardes o de flojos. Ese sentimiento bárbaro corre como la pólvora en todas partes y se acelera en las redes sociales. El mundo se divide en buenos y malos. No hay más: dime donde te ubicas y te diré quién eres. Ninguna falta hacen los argumentos, los datos o la interpretación de leyes si se trata de “los otros”. Cuando son “los nuestros” y emerge el mínimo asomo de duda se puede apelar a un giro normalizado y aceptar que, por ejemplo, “sí, robó ‘un poco’, pero hizo una beneficiosa reforma del sistema de pensiones” (el famoso “roba pero hace”) o se puede negarlo todo, puro lawfare, ese nuevo mantra – en psicología, repetición neurótica del sujeto a fin de fijar y reforzar un pensamiento circular– que empieza a globalizarse. Pasa en Argentina y en España, y lo ha ilustrado la crisis boliviana como si fuera un ejemplo de manual. Asumo que mantener un vocabulario neutral – ni golpe ni restauración, “crisis”– no me evitará las piedras de algunos convencidos de que en de 2019 hubo golpe ni las de otros que, con un esforzado ejercicio de malabarismo, encuentran una justificable continuidad institucional entre los sucesos de octubre, que culminaron con la renuncia de Evo Morales, y la toma de posesión de Jeanine Añez.

El MAS ha vuelto legítimamente al gobierno tras las elecciones de 2020. En días pasados, el proceso judicial contra la ex presidenta interina apelando a la figura de ‘terrorismo’ y sin seguir los procedimientos establecidos ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch. ¿También es lawfare? Definitivamente no, es un ejemplo más de que el lawfare no existe. El lawfare como maquinaria al servicio del régimen (¿cuál?) no existe pero sí hay en muchas partes de la región un serio problema de cooptación del Poder Judicial y un uso faccioso del derecho. Existe una manipulación interesada, pero dinámica, de las instituciones judiciales. Insisto, dinámica. Es buena noticia, porque salvo por Cuba y Venezuela, América del Sur no se parece a Rusia. Pluralismo por defecto, una pobrísima virtud (pero virtud al fin) que permite el cambio, aunque tenga patas de barro, porque la misma figura que se activó contra Añez se había activado un año antes contra Evo Morales. (Human Rights Watch también lo condenó entonces, por estar políticamente motivada y no respetar el debido proceso). Por si hiciera falta: no, no quiero decir que Añez no debería ser investigada y condenada en caso de que – y veo probable que en un jucio justo ocurra– se encuentren pruebas de accionar ilícito, causas de corrupción y/o violaciones a los derechos humanos.

Dudar no es de flojos ni de cobardes. Escuchar argumentos, informarse y debatir son actos de resistencia democrática en la actualidad. Los procesos electorales latinoamericanos se viven como una verdadera revolución o como una tragedia, según sean sus resultados. Los cambios políticos no son irrelevantes, pero las trincheras ideológicas, a diferencia de las reales, no sirven para la defensa. Solo tiran más leña al fuego, una leña en la que se consumen energías necesarias para fortalecer el estado de derecho y concentrar recursos económicos y humanos en una gestión pública muy urgente.

Publicado en Clarin el 25 de marzo de 2021 https://www.clarin.com/opinion/bolivia-dudas-trincheras_0_SOvxsGKiZ.html

El trigo, la paja y la pandemia

Yanina Welp

Albert Hirschman Centre on Democracy

Como anillo al dedo. Así le calza la pandemia a la permanente e insomne carrera de titulares alimentados por likes y retuits. La covid-19 genera miedo a la enfermedad y preocupa y ocupa porque las medidas tomadas para suprimir el virus afectan la economía, la educación y el trabajo, también la democracia, la política, la convivencia y la salud mental. Desde marzo hasta hoy unos números no exentos de controversias (¿cómo y quién cuenta qué y para qué?) avalan la identificación de casos de éxito y fracaso. Por pereza intelectual o porque vende mejor, predomina la explicación por una causa única: sea lo buena que es Jacinda Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, o lo malo que es Donald Trump; el papel otorgado a los expertos (esa entelequia) o a la “unidad nacional” (otra entelequia). El análisis comparado permite extraer lecciones de corto y medio plazo.

Primera, el liderazgo es clave, pero no alcanza. Dramática lección que deja Perú. El presidente Martín Vizcarra se rodeó de expertos, se ocupó de comunicar con claridad y empatía, destinó fondos a ayudas sociales para la población desfavorecida, se compraron tests, se invirtió en salud. Pero los contagios y muertes están disparados. Perú registra más muertos por cien mil habitantes que Brasil. Segunda: sin capacidades estatales poco se puede hacer. Un sistema de salud y un aparato burocrático con despliegue en el territorio no se crean de un día para el otro y sin ellos no se puede atender a la población. Tercera, una comunicación clara y coordinada es clave. Bolsonaro y Trump lo ejemplifican en negativo: donde hay líderes negacionistas el cumplimiento de las recomendaciones es menor. Peor, cuando usar o no tapabocas se vuelve una cuestión de ser de derechas o de izquierdas estamos perdidos. La confusión es mayúscula si el ministro de salud dice una cosa y el presidente la contraria. Cuarta, no era la salud vs la economía. El distanciamiento social previene el contagio pero tiene grados (en un extremo cerrarlo todo, en el otro sólo prohibir eventos públicos masivos, como ocurre en este momento en Uruguay). En el medio plazo sólo puede funcionar asociado a otras políticas: preparar el sistema de salud y generar un sistema de testeo y rastreo de contagios. La economía se ha visto afectada en todas partes y lo que al final del día ha diferenciado entre casos como Reino Unido, Suecia o Brasil, que originalmente se negaron al lockdown ha sido la comunicación: si en lugar de mirar la fecha en que se toman decisiones se la confronta con el número de contagios y muertes que había al momento de establecer el confinamiento, Reino Unido no se diferencia mucho de España. Por eso, quinta lección, cuidado con los datos. Ya es parte del refranero de las ciencias sociales esto de que si torturas a los datos suficientemente al final confiesan… Nadie quiere salir mal parado, ni los gobiernos ni las oposiciones ni mucho menos la ciudadania. Pero qué significa salir bien parado varía para unos y otros. Menos en Nueva Zelanda y algunos países asiáticos, esto va de mal a peor en todas partes. Y el bombardeo de datos se tira desde las trincheras de la polarización. Las estadísticas deben alimentar las políticas públicas, no el odio, para eso conviene separar la paja del trigo. Última, la vacuna no acaba con el problema, sólo lo cambia de nivel, y hay elementos para pensar que dará otra estocada al multilateralismo y tendrá consecuencias geopolíticas de calado.

Publicado en Clarin 28 de agosto de 2020 https://www.clarin.com/opinion/trigo-paja-pandemia_0_8gwhvQwI6.html

Understanding the use of recall referendums: Evidence from Ecuador

Is out! Understanding the use of recall referendums. The frequency of recall activations has been explained by 1) citizen dissatisfaction, 2) institutional design (ease of activation), and 3) partisan use (against opponents). Our work proposes an additional variable: 4) the role of electoral management bodies (EMBs) in allowing or preventing recalls. In Ecuador, recall has been transformed into an indirect instrument of political struggle controlled by the EMB.

The Consejo Nacional Electoral is responsible for judging whether the reasons presented for the recall are sufficient. This granted power to non-elected authorities to evaluate and decide on the validity of a politically based request.

Even though some studies may find that the CNE has been controlled by actors close to government, we did not find evidence of its use against opponents. Under Correa the political arena was mainly defined by the leader and around himself.

Local governments have lost centrality and recall deactivation may have been part of this movement. The Correa government has gone, and the new rules remain. Should we regard them as latent and able to be reactivated in a democratic way?

We see a danger in the current design of the mechanism. It puts incentives for either manipulation and elite control or for unclear decisions in the hands of a body whose main task should be to formally supervise and control but not to judge politically based requests.

More info: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512119830373#articleShareContainer

 

CUBA ¿OTRA VEZ SOPA?

Del 13 de agosto al 15 de noviembre de 2018, durante doce semanas, según datos oficiales más de siete millones de cubanos dentro y fuera de la isla se reunieron para discutir una propuesta constitucional cuyo borrador había preparado una comisión nombrada por la Asamblea Nacional. Considerando que el padrón electoral cubano se acerca a los ocho millones, puede concluirse que la participación ha sido masiva, enorme, pocas veces vista en otros lugares del mundo (no me consta nada semejante). Los procesos constituyentes que contaron con participación de la ciudadanía como los de Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2007) o Bolivia (2006-2009) por lejos fueron menos masivos. En Cuba, cinco semanas después de culminada la etapa participativa, el 22 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó el texto definitivo que será sometido a referéndum el domingo 24 de febrero de 2019.

Mafalda, el personaje creado por el dibujante argentino Quino, es conocida por su rechazo a la sopa, plato que su madre le ofrecía con frecuencia. La frase se ha incorporado al sentido común para referir a lo que siempre ocurre de la misma manera, “siempre lo mismo”. Aquí la tomamos para preguntamos si el proceso de reforma constitucional en Cuba es o no más de lo mismo (Por una descripción de procesos participativos previos véase aquí). Miremos: ¿quién y cómo participó?, ¿quién y cómo procesó las sugerencias recibidas?, ¿quién decidió qué entraba al texto final?, para cerrar con la campaña o las opciones de voto.

Y como de continuidades y cambios estamos hablando, vale hacer un poco de historia. Tras la revolución de 1959 se abrió un “período de excepcionalidad” en que el gobierno concentró las funciones ejecutivas, legislativas y constituyentes y que recién se cerró con la aprobación de la Constitución de 1976. Este proceso comenzó en 1974, cuando el gobierno y el Partido Comunista (PC) nombraron una Comisión Redactora Conjunta formada por veinte miembros responsables de redactar un anteproyecto constitucional. Cuando el borrador estuvo disponible, se sometió a discusión pública, durante el año 1975. De acuerdo a los registros habrían participado 216.000 personas que propusieron 12.883 modificaciones, 2.343 adiciones de contenido constitucional, así como 84 solicitudes de aclaraciones. Las discusiones fueron organizadas por distintos grupos vinculados al gobierno y al PC. Si bien se registraron 60 modificaciones en el texto constitucional, las discusiones en la Comisión no se hicieron públicas, como tampoco fueron públicos los Diarios de Debate. Antes de pasar a referendo, el borrador fue aprobado por el Primer Congreso del Partido Comunista.

¿Quién y cómo participó?

Entre agosto y noviembre de 2018 más de siete millones de personas (¡el 64 por ciento de la población cubana!) habrían participado en más de cien mil reuniones que tuvieron lugar en todo el territorio y también en el exterior. Participaron los mayores de 16 años, ciudadanos y ciudadanas y los residentes legales, haciendo preguntas, consultas y sugerencias de enmieda, eliminación o incorporación de contenido. Hubo 133.681 reuniones en las que se registraron, en Cuba, 706.782 intervenciones y, en el exterior, 2.125. Las propuestas alcanzaron las 9.595 en Cuba y 978 en el exterior. La organización de estos encuentros se basó, como en 1975, en la coordinación desde el gobierno y una red de miles de voluntarios y voluntarias que hicieron posible la realización y cooperaron en el registro de actas. Toda esta documentación, a diferencia del proceso de 1975, ha estado disponible y ha dado pie a un movimiento inédito de discusiones y análisis de la información producida. Esta vez se sabe con cierta precisión, cuánto cambió y qué específicamente (mírelo aquí). Las dimensiones del proceso participativo habrían desbordado las expectativas del gobierno mientras las discusiones que tuvieron lugar también podrían mostrar una expectativa de cambios a las que difícilmente se de respuesta en este momento.

¿Quién y cómo procesó las sugerencias recibidas?

Como muestra el link citado arriba, con la información accesible, no sólo las autoridades sino también grupos independientes se han ocupado de dar cuenta de las dimensiones en que el proceso participativo ha influido sobre el texto constitucional (véase aquí la versión oficial, en el informe de Cuba Debate, publicado antes del cierre del proceso participativo). Por ejemplo, de los 755 párrafos que contempla el texto, solo ocho no han sido objeto de propuestas de modificación.

Más de setecientas mil intervenciones y diez mil propuestas hacen pensar en un titánico esfuerzo de sistematización. Es necesario un equipo de trabajo y un método. El Equipo Nacional de Procesamiento, con estructuras en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, estuvo a cargo de trabajar analizando las intervenciones de la población. Se hizo en paralelo y no al final, sin definir criterios y más que con la intención de identificar o procesar diferencias o demandas territoriales con el objetivo de extraer o fabricar consensos. Luego, la documentación generada pasó al Grupo de Análisis, integrado por ocho miembros de la Comisión Redactora y veintidós expertos de diversas ramas del Derecho (elegidos a dedo). Estos estuvieron a cargo de evaluar las sugerencias del Equipo Nacional de procesamiento y sugerir a la Comisión Redactora qué debía ser eliminado, incorporado o modificado.

En este video las autoridades y los funcionarios involucrados en el proceso explican detalladamente esta metodología sui generis. A cada comentario se le asignó un identificador. La agregación se hizo por temas más que por preferencias, asumiendo que todos los comentarios tenían el mismo valor. Esto, en mi opinión, genera un problema de legitimidad democrática y abre la puerta a que el proceso participativo no sea mucho más que una pantalla en la que quienes tienen finalmente la capacidad de tomar decisiones puedan optar por el contenido que les plazca. Esto explicaría, por ejemplo, que aunque 16 mil personas pidieron la elección directa del presidente la misma no se haya introducido, y si se haya reintroducido la referencia al comunismo pese a que tan sólo 575 personas lo pidieron [El equipo de El Toque lo explica con meridiana claridad]. Más claro: las opiniones de siete millones de participantes fueron filtradas por ocho miembros de la comisión redactora y veintidós expertos nombrados por el gobierno.

¿Quién aprueba el texto final?

La asamblea constituyente electa para redactar la constitución hubiera sido para muchos un mecanismo más apropiado para representar la diversidad cubana, con una campaña  en la que se discutieran las distintas ideas de transformación del estado. Las autoridades lo han descartado porque la Constitución vigente autoriza a la Asamblea a modificar la constitución. Es legal, sin duda. Sin embargo es cuestionable que la Asamblea Nacional en la actualidad cuente con la legitimidad necesaria para producir un proceso de reforma. Esto es así porque no hay elecciones en Cuba o por lo menos no hay posibilidad de votar entre opciones diferentes sino que el voto se limita a aceptar la lista de candidaturas que tiene el número exacto de miembros que entrarán a la asamblea o como mucho no votar a algunosCon una militancia menor al diez por ciento, el Partido Comunista no postula candidatos ni hace campaña pero sí influye en la designación de candidaturas que hacen las organizaciones de la sociedad civil reconocidas por el estado.

Hubo temas que suscitaron mucho debate y otros menos, hay cambios notables y tardíos, como por ejemplo el reconocimiento de la supremacía jurídica de la constitucion o la posibilidad de judicializar derechos. Se consagra el municipio, para muchos la gran esperanza de renovación. Como ya se ha dicho, el comunismo “como fin” sigue en la Constitución pero no se ha introducido la elección directa del presidente ni se han dado pasos en el reconocimento de la pluralidad política (intacto sigue el rol central del PC). Tampoco se ha reconocido la violencia de género, lo que no impide que se elaboren leyes posteriores pero rebaja su estatus al no darle reconocimiento constitucional. Se han reconocido diversas formas de propiedad, incluyendo la privada, mixta y cooperativa, y se ha otorgado al estado el rol de regulador del mercado. Uno de los temas que más fisuras ha generado es el del matrimonio igualitario. La constitución de 1976 reconoce el matrimonio entre un hombre y ua mujer. El borrador sometido a debate hablaba de matrimonio igualitario. La versión depurada por la comisión redactora ha buscado una fórmula neutra que no cierra la puerta al matrimonio igualitario pero tampoco la abre del todo al hablar de cónyugues. Como en muchos otros derechos que quedan a medio camino, se anuncia que las leyes le darán forma, en este caso un Código de Familia que sería votado en referéndum. Muchos  dudan de que este referendum pueda ocurrir, porque el partido no está alineado en torno a una posición y no está acostumbrado a abrir puertas a divisiones internas, mucho menos a dejar a la ciudadania decidir sin tutela.

La campaña: el referendo del 24 de febrero

Un referéndum normalmente enfrenta dos o más propuestas o visiones sobre un asunto, sea una política pública o una reforma constitucional. Los referendos de ratificación de reformas constitucionales se han identificado con mecanismos de legitimación democrática, aunque la política comparada muestra que han sido tanto o más frecuentes en dictaduras como en democraciasEl dilema es que el gobierno del partido único ocupa los espacios públicos sin permitir un debate informado entre partes. Algunas organizaciones están trabajando para contrarrestar este hecho, porque sí, existe una incipiente sociedad civil cubana. Con ciertos márgenes de libertad organizan debates fundamentados y ricos que muestran que una cuba democrática puede estar en el horizonte de lo posible (este es muy recomendable). No será el referéndum del 24 el punto de arranque. El gobierno ha desplegado una campaña intensa, de grandes dimensiones, poniendo todo el énfasis en movilizar a las bases en la apuesta por la Revolución, que cumplió 60 años en enero, y lo festejó por primera vez sin un Castro en el gobierno.

 

Publicado en Agenda Pública el 21 de febrero de 2019

#OIDP 2018

Comparto mis palabras en la inaguración de la Conferencia, que tuvo lugar en Barcelona del 25 al 27 de noviembre de 2018.

[Youtube Video]

Buen día a todos y todas. Agradezco la oportunidad de decir unas palabras en la sesión de apertura de la Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (la OIDP). Hacerlo me permite dejar unos apuntes en la hoja de ruta que con tanto esmero y esfuerzo ha trazado el equipo del Ayuntamiento de Barcelona, responsable por la organización del evento de la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Barcelona es hoy un lugar estupendo para reflexionar sobre los retos que enfrenta la democracia y las estrategias que pueden desarrollarse –unas cuantas ya están en marcha–, para enfrentarlos, revitalizar la política y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es así, no porque la ciudad no tenga problemas, más bien ocurre lo contrario. Las presiones son muchas y en frentes de lo más diversos: políticos, económicos, ambientales, sociales, como todos saben, como ocurre en mayor o menor medida en todas las grandes ciudades de cualquier lugar del mundo, fruto en parte de las dinámicas de la globalización, aunque cada una con sus particularidades. La presión urbanística y los retos que plantea la acogida de inmigrantes y refugiados en Europa; la contaminación y la violencia en las ciudades de América Latina; las crecientes desigualdades en todas partes; igual que el hartazgo generado por escándalos de corrupción sin medida; la falta, ineficacia o insuficiencia de los servicios públicos y en particular la salud, la educación, el transporte; la expansión de discursos intolerantes y antiderechos; más los dilemas propios de cada contexto específico.

Barcelona, decía, es un lugar estupendo para pensar en la renovación de la democracia porque es una ciudad abierta, creativa y cargada de entusiasmo. Este encuentro preparado por el gobierno de la ciudad y combinado con Ciudades Democráticas de Madrid y las Jornadas Anuales de Metadecidim, y la presencia de activistas, expertas y representantes de muchos lugares del mundo son pruebas de lo que estoy diciendo. Participarán hoy y mañana personas de 188 ciudades de 57 países de los 5 continentes.

Sin embargo, mi breve introducción no puede ser celebratoria. Las alarmas están encendidas. Hace pocas semanas, en el país que mayor fama global adquirió como laboratorio de la experimentación democrática, Brasil, ganó la presidencia un líder autoritario, racista, machista y homofóbo, con un largo historial político en el que apenas si lo único que destaca son sus exhabruptos. La pregunta que ha dado vueltas con intensidad en los círculos progresistas es ¿qué pasó?, ¿cómo pudo ocurrir, en el país de los multitudinarios presupuestos participativos, de las conferencias públicas, de la “Constitución Ciudadana”? ¿Qué pasó con el capital social y la educación cívica generada por esos procesos? ¿Basta un bombardeo de mensajes por whatsapp para arrasar con la cultura democrática de un país?

Ningún fenómeno social puede explicarse, por una sola causa. No hay respuestas sencillas, tampoco hay fórmulas mágicas. No es este el lugar para discutir sobre lo ocurrido en Brasil. Pero sí creo que es un enorme llamado de atención. Tenemos un problema, es serio, y hay que enfrentarlo. Es necesario y es urgente y una de las claves es la inclusión de la ciudadanía. La inclusión debe ser política, económica y social.

El Observatorio de la Democracia Participativa identifica en la política una estrategia para el cambio a través de la inclusión ciudadana. Este año la conferencia se organiza en tres grandes bloques que se intersectan: la democracia directa, la iniciativa ciudadana y los ecosistemas de democracia inclusiva. Esto es, los mecanismos formales regulados para canalizar la participación ciudadana; el accionar de la ciudadanía, de muy diversas maneras –más o menos formales– para incidir en las decisiones que afectan su vida cotidiana y moldean las características de sus comunidades; y el reconocimiento de la diversidad y de las necesidades específicas como los ejes que definen estos tres bloques.

El programa de talleres, mesas redondas y conferencias es rico en temáticas que incluyen el territorio y lugares físicos –barrios, ciudades, laboratorios– desde los que pensar en la innovación. Pero no todo es nuevo, también se hablará de prácticas antiguas como los consejos de Alava en País Vasco y la autogestión en las comunidades mapuches en Chile. Se reflexionará sobre la participación en contextos difíciles, en las mesas centradas en zonas en conflicto y sociedades divididas. En una mirada rápida al programa destacan conceptos que definen procesos y objetivos: confianza, colaboración, gobernanza, inclusion, aprendizaje, co-creación, bienes comunes. Y abunda, claro, la referencia a mecanismos de participación: iniciativa, referéndum, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos, sorteo, crowsourcing.

Mi posición frente a las temáticas que vamos a poner en común durante estos días están moldeadas, como las de todo el mundo, por mi experiencia vital. Como politóloga, feminista, demócrata y sudamericana que vive en Suiza después de haber pasado unos cuantos años por Barcelona, quisiera compartir unas reflexiones finales:

1. La participación es un instrumento: Hace poco una autoridad reacia a introducir mecanismos de participación me pedía un ejemplo de un referéndum que haya evitado un conflicto. El referéndum no evita el conflicto, tampoco lo crea, sí puede servir para canalizarlo, para, idealmente, buscar una respuesta democrática a un conflicto que está ahí per se. Pero se tienen que cumplir unas condiciones para que funcione como un valor democrático: garantizar que se respetará la pluralidad, que se permitirá la decisión informada, que no se utilizará como instrumento arrojadizo amoldado al poder político de turno. Fortalecer esas condiciones es uno de los retos de la agenda de estos días.

2. La democracia directa, en estado puro, no existe. Siempre hay formas de intermediación: la ley fijando las reglas del juego; los partidos políticos, los movimientos sociales, los líderes de opinión y los medios de comunicación contribuyendo a formar la opinión pública; los organismos de control (justicia, organismos electorales) implementando y supervisando (a veces bloqueando) procesos de toma de decisiones. Estas intermediaciones no degradan la participación, por eso es importante mirarlas con la lupa en lugar de negarlas y mejorar su funcionamiento. No mitifiquemos la participación, trabajemos para que sea democrática y contribuya a mejorar la vida de las personas.

3. La política debe permitir el cambio, la ciudadanía puede controlar el poder y abrir la agenda: por eso es central contar con mecanismos apropiados, que permitan ejercer estos roles. Su buen funcionamiento conduce a que ningún actor pueda actuar sin antes negociar con otros, explorar opiniones, buscar soluciones comunes o consensuadas. En Suiza, por ejemplo, la posibilidad de que una ley aprobada por el parlamento sea vetada conduce a que no se aprueben leyes sin antes establecer consensos que incluyen a la sociedad civil. Se dice que cuando se activan referendos derogatorios el sistema ha fallado y es ahí donde la participación directa sirve como paliativo.

4. Las instituciones importan: con todas sus debilidades, las instituciones han significado un gran avance en la protección de los derechos humanos. Su respeto en tiempos críticos, de Bolsonaro y Trump, es clave. Esto no quiere decir que las leyes que tenemos sean siempre las mejores. Son resultado de contextos históricos y relaciones de poder determinadas, yno están escritas en piedra. Sin embargo, algunas experiencias latinoamericanas recientes sugieren que permitir que el poder político de turno se las salte cuando estamos de acuerdo con los contenidos tarde o temprano sale mal, porque cuando no estamos de acuerdo con los contenidos ya es tarde para detener el proceso de concentración de poder. Valga la Venezuela contemporánea como ejemplo.

Las instituciones crean incentivos, por eso es central pensarlas en sistema, como ecologías de participación. Por dar unpar de ejemplos breves, durante décadas en Japón se utilizó la revocatoria de mandato con frecuencia –la remoción de autoridades– contra políticas específicas, porque las iniciativas ciudadanas reguladas allí eran consultivas, requerían un elevado número de firmas y el voto necesitaba la aprobación parlamentaria. Revocar una autoridad cuando se quiere vetar una política es poco eficiente, es caro y el proceso demasiado largo. De la misma manera, la proliferación de mecanismos consultivos y/o indirectos, como los que han dominado en Brasil, son limitados para otorgar poder a la ciudadanía, abren la agenda, pero no reparten el poder. La autonomía ciudadana es clave para impulsar una participación democrática.

5. Finalmente, la opinión pública no se forma en una tábula rasa: la regulación de mecanismos que den poder a la ciudadanía es central, pero no basta. En tiempos de intolerancia, la deliberación, el intercambio de ideas, el acceso a información completa y plural no pueden subestimarse. Por eso la innovación, por ejemplo con las asambleas ciudadanas sorteadas, puede ser una apuesta ideal para contrarrestar la desinformación. Pero cuidado con perder de vista los objetivos democratizadores por poner demasiado énfasis en lo nuevo. Innovar no es siempre mejorar.

Este será un espacio de debate, intercambio y construcción de saberes rico en experiencias y en diversidad, deseo para todos y todas que podamos aprovecharlo bien.

 

https://oidp.net/es/

https://www.lavanguardia.com/politica/20181126/453178016725/colau-elogia-que-la-ciudadania-se-organice-para-participar-y-defender-el-voto.html

Va que vuela: AMLO y la consulta por el aeropuerto

Martha Sandoval y Yanina Welp

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue electo presidente de México en las elecciones del 1 de julio de 2018, liderando una coalición de partidos encabezada por MORENA. Sin mayores sorpresas (así lo anticipaban todas las encuestas), obtuvo la Presidencia y la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Su triunfo ha generado tanto sueños de revolución democrática como pesadillas color populismo chavista (el calificativo se está convirtiendo en un clásico adjudicable a la izquierda en cualquier disputa electoral, no sólo latinoamericana, como muestra el panorama español).

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Foto de El Universal, AMLO después de votar. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/juez-pide-amlo-que-explique-consulta-sobre-aeropuerto

Durante la campaña electoral, AMLO hizo énfasis en la participación ciudadana: propuso llevar a consulta pública el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho de parejas del mismo sexo a adoptar, la reforma educativa, la reforma energética, la amnistía a criminales, la revocación del mandato presidencial y la construcción del nuevo aeropuerto. Aunque López Obrador asumirá la Presidencia de México el 1 de diciembre, desde su reconocimiento como presidente electo el 8 de agosto ha asumido un rol protagónico.

La consulta popular sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una muestra contudente de ese protagonismo. Realizada durante cuatro días, del 25 al 28 de octubre, versó sobre la continuidad de la construcción del NAIM, iniciada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (Partido de la Revolución Institucional, PRI). Desde MORENA se cuestiona el proyecto en marcha desde 2015 por sus costos, el impacto ambiental que podría tener y su viabilidad (ya que se está construyendo en zona inundable). Es un proyecto millonario que ha quedado a cargo de un equipo reconocido internacionalmente y que, según el Presidente todavía en funciones, se ha avanzado en un tercio del total.

La complejidad del proyecto hace evidente la dificultad (y la importancia) de la decisión que se pone sobre la mesa. Los aspectos técnicos requieren de una información específica y detallada sobre la que no tenemos competencia (la tabla al final del texto sintetiza los principales ejes de la disputa). Nuestro objetivo aquí no es el análisis de la viabilidad del NAIM sino del proceso participativo, su marco legal, implementación, financiamiento y consecuencias esperadas. El dilema abierto por la consulta es tanto jurídico como político, como argumentaremos a continuación.

Una consulta fuera de la normativa

México ha sido uno de los últimos países de América Latina en regular mecanismos de democracia directa a nivel nacional (a nivel estatal se encuentran regulados desde principios de los 90s), hasta que también se ha sumado a esta ola que busca al menos en teoría incrementar la legitimidad de democracias cada vez más asediadas por el desencanto (y de ahí a la ira, como muestra la reciente elección en Brasil).

Desde 2014, la Ley Federal de Consulta Popular permite la consulta de uno o varios temas de trascendencia nacional (art. 4), que debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los electores (art. 35 de la Constitución).

La consulta de AMLO podría ajustarse a la ley, pero no lo hace: ni el presidente electo (que la inicia) está en funciones ni el Congreso emitió convocatoria alguna. ¿Por qué el nuevo Presidente no esperó al 1 de diciembre de 2018 (nótese que apenas falta un mes)? Contando con una amplia mayoría en el Congreso, su solicitud tenía todas las probabilidades de ser aprobada siguiendo la ruta establecida por la Constitución. Una posible respuesta deriva de los tiempos establecidos por la Carta Magna, que estipula que las consultas populares deberán realizarse el mismo día de la jornada electoral federal (art. 35). Para poder realizar la consulta del NAIM apegada a lo establecido en la ley, se tendría que haber esperado a las elecciones intermedias del 2021, o a cuando se renueve el total del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República en el 2024. En este caso y en cualquier otro, ante un asunto de trascendencia nacional, en el que se busque incluir a la ciudadanía para tomar la decisión, ¿se debe esperar tres años? ¿Tiene sentido poner semejante cerrojo a consultas populares reguladas para empoderar a la ciudadanía? Pensamos que no, que ésta seria limitación del diseño institucional debería ser subsanada. Dicho esto, también creemos que las reformas deben hacerse en tiempo y forma, con lo que la crítica al modelo existente no implica avalar la consulta. Veamos otras cuestiones.

Cobertura en el territorio, pregunta y campaña

La consulta sobre el NAIM permitió al electorado participar en las 1073 mesas que se instalaron en 538 municipios de las 32 entidades federativas del país. En estos municipios habita un 80% de la población. El coste de la consulta se estima en 1.5 millones de pesos (equivalente a CHF 76,466), financiados con aportaciones voluntarias de los legisladores, principalmente de MORENA.

La pregunta, con dos opciones de respuesta, fue la siguiente: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?

  1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

  2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La ley regula tanto los criterios de formulación de la pregunta (que no debe ser tendenciosa ni incluir juicios de valor y estar formulada para permitir una respuesta categórica) como su supervisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe determinar su constitucionalidad. Esto no ha ocurrido porque el proceso se ha producido por fuera del marco legal (son altas las probabilidades de que la Corte la hubiera declarado inconstitucional, dado el diseño restringido del mecanismo, otra traba institucional que podría subsanarse con una reforma).

No tenemos objeciones a la formulación de la pregunta, sí las tenemos a la implementación del proceso y la organización de la campaña. Al ser una iniciativa lanzada y supervisada por una de las partes, se viola una condición básica para el buen ejercicio de un mecanismo de democracia directa, que es la garantía de que ambas posiciones tendrán espacio para expresar sus ideas con equidad. Si bien la ciudadanía podía consultar los argumentos a favor y en contra (escritos en la contracara de la boleta), dicha síntesis fue elaborada por un Consejo Ciudadano conformado por académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas afínes a los promotores de la consulta. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano autónomo del Poder Ejecutivo, también emitió un análisis con los principales argumentos a favor y en contra de ambos proyectos. Pero no ha habido una campaña adecuada, con un tiempo determinado y regulación de espacios en medios de comunicación para defender ambas posiciones, ni mucho menos un órgano responsable de supervisar que la misma se desarrolle con equidad.

Juez y parte: la organización y supervisión del proceso

Corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de las consultas populares (art. 35 de la Constitución). Como ya se podrá anticipar, el INE rechazó responsabilizarse de una consulta que no ha seguido los canales legales. Por esta razón, AMLO contrató a una empresa privada y se apoyó en el trabajo voluntario (entre dos mil y tres mil) para organizar las mesas. Una aplicación creada por ingenieros mexicanos permitió registrar la participación de cada elector.

Pese a las garantías dadas por sus organizadores, los ciudadanos denunciaron a través de redes sociales que se pudo votar más de una vez en la consulta y que incluso se pudo votar sin presentar la credencial. De acuerdo al equipo organizador, la falta de conectividad de datos en algunas zonas, más los intentos de hackeo a la aplicación, ocasionaron que el sistema presentara fallas y pudiera registrar las claves de elector más de una vez. Aunque se sostuvo que estos casos fueron “marginales” y no alteraban el sentido de los resultados, no hay forma de comprobarlo. Tampoco hubo garantías del resguardo de los votos al final de cada jornada diaria de participación. Los votos se guardaron en los domicilios particulares de los voluntarios que apoyaron en las mesas de votación, tras hacer el recuento del número de participantes y registrarlo en el sistema al final de cada día de consulta. La lista de falencias es demasiado extensa y conduce a la misma evaluación: un proceso justo y transparente no puede improvisarse. La buena voluntad de los ciudadanos que se involucraron no hace más que fortalecer las dudas. Es cuanto menos difícil –si no imposible– ser juez y parte.

Ganó la moción del presidente electo

El presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth (fundación encargada del conteo) anunció el domingo a la noche que 69.94% de los participantes (761, 681) le dieron el sí al proyecto de Santa Lucia, mientras que un 29.1% (316, 765), votó por continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Los votos nulos representaron 1% de los sufragios emitidos (10 mil 562 votos). La mayor participación se dio en la Ciudad de México, con 15.6% de la votación. En 31 de los 32 estados ganó la opción de Santa Lucía, a excepción de Nuevo León en donde un 49.90% (11,840) de ciudadanos votó por Texcoco y un 49.70 % (11,793) votó por Santa Lucía. En Tabasco, ciudad natal de AMLO (y en donde 8 de cada 10 votantes lo respaldaron en las elecciones), se contó con mesas de votación en todos los municipios del Estado y 92.83% de los ciudadanos (53,422) votó por Santa Lucía. La ley señala que el resultado de una consulta popular solo será vinculante cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los electores. En este caso, el 1,089,008 de votantes representa apenas el 1.19% del padrón electoral, que consta de 89.6 millones de ciudadanos.

¿Y ahora qué?

El gobierno electo ha declarado que los resultados tendrán un efecto vinculante (lo que una vez más invita a pensar en la confusión que este proceso genera, ya que el carácter de “vinculante” atribuye un mandato jurídico que en este caso no existe. Sí puede hablar de compromiso político. La consulta ¿buscaba legitimar una decisión que ya había sido tomada por el gobierno electo? ¿o se buscaba delegar en la ciudadanía la decisión sobre un tema controvertido, tratando de evitar el costo político de una decisión sensible? Ninguno de estos objetivos se ha conseguido. El porcentaje de votación es muy bajo y la falta de transparencia y equidad del proceso demasiado flagrante.

Hasta hace poco, no existía una ruta para poder incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Al día de hoy la ruta para activar y organizar mecanismos de democracia directa como las consultas populares, está marcada y delimitada. Se ha hecho un uso indebido de la consulta popular, por no seguir los marcos normativos, por recurrir a una extraña situación de poder para activarla (presidente electo, pero no en funciones) y por no haber garantizado ni la participación de toda la ciudadanía ni un debate profundo e informado. La política importa, no defendemos que a rajatabla debería haberse seguido con la construcción del NAIM (como ya hemos dicho, no tenemos competencia para evaluar el proyecto). Si pensamos que el rol democratizador de la participación sólo se evidencia si se cumplen ciertas condiciones. Entonces, si el presidente está convencido de que no debe continuarse la construcción del NAIM, debería haber trasladado la cuestión al Congreso que, tras una elección reciente en la que el tema formó parte de la campaña electoral, cuenta con incuestionable legitimidad para decidir. Si el presidente duda, debe solicitar informes técnicos completos y exhaustivos y luego, si lo considera relevante, activar la discusión parlamentaria. La consulta ha sido un error. Los mecanismos de democracia directa no deben ser manipulados para cubrir los baches de la representación.

Publicada en Swiss Info el 31 de octubre de 2018

Tabla 1: Ejes de disputa entre los dos proyectos de aeropuerto

NAIM en Texcoco

Santa Lucía -AICM

Costos

Ha aumentado de 178 mil millones de pesos a 285 mil millones de pesos (cuyo costo corresponde solo a la construcción de la primera fase)

Se estima un costo total de 70 mil 342 millones de pesos.

Más los costos de cancelación del NAIM (100 mil millones de pesos)

Financiamiento

Se encuentra financiado con una combinación de recursos públicos y privados.

Cuenta con financiamiento del 69% del proyecto y avance de la obra del 20%.

A la fecha no existe información sobre la situación del financiamiento para este proyecto.

Impacto ambiental

Existe preocupación sobre el futuro del lago Nabor Carillo (hábitat de más de 150 especies de aves locales y migratorias) y la explotación de minas para la obtención del material rocoso.

Líderes ambientales y comunitarios de la zona de Texcoco, rechazan la opción y denuncian los problemas de salud e impactos negativos en la zona, que resultan de su construcción.

La construcción del NAIM ha disminuido la capacidad de captación y recarga natural del acuífero en la zona del Lago de Texcoco.

El análisis del impacto ambiental se encuentra en desarrollo.

Pero, se establece que, éste, al ser ya un aeropuerto, tendría un menor impacto ambiental, además de que está más alejado de las grandes poblaciones.

Hundimientos

El 42% de la superficie del NAIM es una zona inundable, por lo cual se estima que se presenten hundimientos anuales desde los 13 hasta los 40 centímetros.

El suelo de Santa Lucía presenta mejores características y las pistas del AICM requieren renivelarse cada dos años.

Tiempo

Retraso de cuatro años (primera fase en 2024)

Operaría en menos tiempo

Infraestructura actual

Implicaría el cierre del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México y de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Continuaría operando el actual Aeropuerto de CDMX y se habilitaría el aeropuerto de Toluca.

Fuente: Elaboración propia con base en informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf

BRASIL Y LOS VOTANTES TONTOS

 

Brasilvotot

 

La hipótesis podría formularse más o menos así: millones de brasileños influidos por una muy eficaz estrategia comunicacional de la ultraderecha en las redes sociales habrían abrazado el autoritarismo. Es el regreso de la teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica desarrollada por Harold Lasswell durante la Primera Guerra Mundial, que supone que un mensaje tiene el efecto previsto, directo, sobre su destinatario. El pensamiento progresista queda en el lugar del listo que lo ve venir aunque no pueda hacer nada para evitarlo. La ultraderecha inmoral –capaz de usar cualquier estrategia en su favor– está en posesión de armas de destrucción automática del sentido democrático de las masas. Esta teoría se ha alimentado en Brasil durante las últimas semanas, con algunos datos y argumentos como el de la compra de servicios de Whatsapp de ‘disparo en masa’. Sin embargo, décadas de investigación cuestionan la existencia de receptores pasivos. Demasiado simple para ser creíble. Inmovilizante si fuera real.

Leer todo en http://agendapublica.elperiodico.com/brasil-y-los-votantes-tontos/

Publicado en Agenda Pública el 28 de octubre de 2018

La revocación del mandato según MORENA

“En democracia el pueblo da y el pueblo quita”. En este principio se sustenta la propuesta e introducir la revocación del mandato en México, presentada el pasado 10 de setiembre por el senador del estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz, del grupo parlamentario Movimiento por la Restauración Nacional (MORENA), del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pancarta con la leyenda 'AMLO PRESIDENTE'

Disponible AQUI

Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI

Sinopsis de Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI:

En sus distintas variantes, desde la ateniense hasta nuestros días, la democracia aparece como un sistema incuestionable que ha ido aumentando el grado de participación de los ciudadanos. En este libro, la politóloga Yanina Welp profundiza en la historia de las ideas y los Estados, los modelos que se establecieron en Europa y las Américas, la disputa por el sigportada_todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-las-democracias-del-siglo-xxi_yanina-welp_201804061708nificado de la democracia y del rol atribuido a la ciudadanía. Con casos concretos, muestra la dinámica de estas transformaciones en el siglo XXI: el nacimiento y la incorporación de mecanismos como el referendo, las iniciativas indirectas y las revocatorias de mandatos que se pudieron ver en las transiciones en España y Chile, el Plebiscito por la Paz en Colombia, el Brexit, el referendo por la reelección en Bolivia y los procesos de autodeterminación de Escocia y Cataluña, entre otros. Todos estos son ejemplos que se suman a protestas sociales y movilizaciones –como el Movimiento #yosoy123 en México y el #niunamenos nacido en la Argentina–, la expansión de los medios digitales, una transformación estructural de los partidos políticos y el resurgimiento del municipalismo.

En Todo lo que necesitás saber sobre las democracias del siglo XXI, Welp propone una mirada crítica sobre las oleadas teóricas, los movimientos sociales y los hechos concretos de los últimos años para entender un proceso que nos trasciende pero del que somos parte.

https://www.planetadelibros.com.ar/l-268281